Adán, el CNI y el costo político para la 4T

Crecen los escándalos alrededor de Adán Augusto López, quien cada vez es más tóxico para el gobierno de Claudia Sheinbaum y más insostenible como líder de Morena en el Senado. La presidenta, que ya ha empezado a medir los negativos que le representa mantenerlo como coordinador, tendrá que tomar una decisión pronto: si asume parte de ese enorme costo político o si le pide que se aparte del cargo y que salga del país. Luego intentará concederle una embajada, lo que también tendría un costo, por el mensaje de impunidad que se mandaría.

Lo que comenzó como un escándalo local por la detención de Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad en Tabasco, terminó escalando a las más altas esferas del poder y de la inteligencia nacional. La narrativa de que López Hernández ignoraba las andanzas de su colaborador se ha desmoronado. Las investigaciones apuntan a que Adán sí sabía.El caso se remonta a finales de 2022, cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al mando del general Audomaro Martínez Zapata —tabasqueño y cercano a López Obrador—, abrió una carpeta sobre Bermúdez por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La investigación se canalizó a través del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y de sus brazos regionales, donde confluyen información y operativos de Sedena, Marina, Guardia Nacional y la FGR.

En ese entramado, apareció el documento filtrado en los Guacamaya Leaks, que muchos interpretaron como un expediente de Sedena contra Bermúdez, pero en realidad era un reporte de oficiales del Ejército adscritos al CERFI Sureste sobre la investigación que llevaba el CNI. Y aquí está el dato revelador: el propio Audomaro informó a Adán Augusto de los hallazgos. Primero mediante una llamada al teléfono rojo y después a través de una tarjeta confidencial, entregada en mano al jefe de oficina del entonces secretario de Gobernación.

La implicación es demoledora. No solo se trató de un gobernador que puso a un personaje cuestionado al frente de la seguridad del estado, sino de un secretario de Gobernación que fue advertido oficialmente de sus nexos criminales y que, pese a ello, permitió que se mantuviera en funciones.Este frente no es el único que preocupa al tabasqueño. También se acaban de revelar reportes sobre su fortuna personal, depósitos millonarios no declarados y presunta evasión fiscal. Según reveló N+, entre 2020 y 2023 se identificaron transferencias por más de 120 millones de pesos, canalizadas a través de empresas de reciente creación y cuentas bancarias vinculadas a familiares y colaboradores cercanos.

De ese monto, alrededor de 45 millones de pesos habrían ingresado a cuentas en Tabasco mediante triangulaciones con constructoras locales que, a su vez, recibieron contratos estatales en la gestión de López Hernández como gobernador. Otros 35 millones se habrían movido en cuentas radicadas en la Ciudad de México y asociados a la compra de bienes inmuebles. Uno de los ejemplos más comentados es la adquisición de un departamento en la colonia Del Valle, valuado en casi 12 millones de pesos, pagado en efectivo y registrado a nombre de una sociedad mercantil sin operaciones previas. El resto, poco más de 40 millones de pesos, estaría ligado a movimientos bancarios en cascada con empresas “fachada” —sin empleados ni infraestructura—, lo que ha encendido las alertas de la UIF y de la CNBV por posible evasión fiscal. Este viernes, Adán Augusto intentó deslindarse de las acusaciones. En un tono defensivo, aseguró que todo formaba parte de una campaña para dañar su carrera política y envió mensajes a sus adversarios tabasqueños: “Como dicen en el pueblo: tan grande es el sapo, así de grande es la pedrada”; y otra que deja dudas sobre el destinatario: “Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas”. 

Con ello buscó victimizarse frente a la opinión pública y mandar un mensaje en clave a quienes, dentro y fuera de Morena, estarían detrás de la filtración de información patrimonial y fiscal.

La rivalidad también tiene un componente local. El general Audomaro Martínez es identificado en Tabasco como parte del grupo político del actual gobernador Javier May, uno de los principales adversarios de Adán Augusto. Fue precisamente May quien hizo estallar el caso La Barredora y evidenció la relación de Bermudez Requena con López Hernández.

En el Senado, algunos morenistas respaldan a su aún líder en público, pero en privado reconocen que la defensa es más política que moral. Lo hacen para no fracturar más al bloque y al partido. Sin embargo, saben que está cuesta arriba sostener en la coordinación a un acusado de proteger a un operador criminal y al mismo tiempo de ocultar depósitos millonarios al fisco.

Sheinbaum, siempre cuidadosa de los equilibrios internos, ha mantenido un doble discurso: respaldo institucional en público y advertencia privada en corto. “Que aclare”, ha dicho públicamente en referencia a los señalamientos de corrupción y enriquecimiento inexplicable. Algunos interpretan ese “aclarar” como un mensaje inequívoco de que no solo debe explicar, sino declarar formalmente ante las autoridades.

El desenlace marcará más que la suerte personal de López Hernández. Será un mensaje sobre si en el llamado “segundo piso” de la 4T hay cabida para un blindaje político frente a acusaciones de corrupción y complicidad con el crimen organizado.

Posdata 1La crisis de seguridad en Tabasco volvió a detonar este fin de semana con una jornada violenta que dejó balaceras, bloqueos carreteros y al menos una decena de muertos en municipios clave como Cárdenas, Huimanguillo y Centro. Las autoridades estatales intentaron minimizar los hechos, pero las imágenes de vehículos incendiados y comercios atacados circularon profusamente en redes sociales.

Precisamente el trasfondo tiene que ver con pugnas entre integrantes de La Barredora y otros grupos que operan en la región petrolera, con ramificaciones en el corredor Coatzacoalcos–Villahermosa, que parecen haber escalado en respuesta a los golpes del gobierno federal de las últimas semanas. La narrativa oficial de que la violencia en Tabasco es “focalizada” se resquebraja cuando los ataques paralizan vías de comunicación y siembran pánico entre la población.

Paradójicamente, el epicentro de la 4T se convierte otra vez en laboratorio de la violencia organizada. Y el nombre de Adán Augusto López reaparece no solo en expedientes judiciales, sino en la memoria colectiva de los tabasqueños, que recuerdan que bajo su gestión como gobernador se sembraron muchas de las condiciones que hoy tienen al estado crisis de seguridad.

Posdata 2Lo escandaloso de la refinería de Dos Bocas vuelve a alcanzar a la encargada del proyecto y actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Una investigación de N+ Focus reveló que Grupo Huerta Madre, la constructora creada apenas días antes de recibir un contrato de casi 5 mil millones de pesos para las obras tempranas de la refinería, habría recibido dinero de un presunto huachicolero. Los depósitos, de acuerdo con documentos presentados, no solo llegaron a las cuentas de la empresa de su compadre Arturo Quintanilla Hayek, sino que habrían sido reportados a “altas autoridades” y coordinados con instancias de seguridad federal.

El personaje que aparece en el centro de la trama es Juan Carlos Ovando, señalado como enlace financiero y operador de estos recursos. Su papel no se limita al flujo económico; investigación apunta a que Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, estaba al tanto de estas operaciones, lo que abre un flanco delicado en la red de complicidades que se tejió alrededor de la obra de Dos Bocas.

El escándalo no se queda en el sexenio anterior. Ya con Nahle en la gubernatura, Huerta Madre ha seguido recibiendo contratos en Veracruz por más de 600 millones de pesos, consolidando la continuidad política-empresarial, el conflicto de interés y la posible corrupción.

Posdata 3El apagón que dejó sin luz a más de 2.2 millones de personas en la Península de Yucatán exhibió, una vez más, la fragilidad de la red de transmisión eléctrica del país. La CFE admitió que la falla se originó en trabajos de mantenimiento en dos líneas de 400 kV —capaces de transportar más de 2 mil MW— que provocaron la salida en cascada de nueve centrales generadoras. Y aunque la empresa aseguró que el suministro quedó restablecido al 100%, se siguieron reportando apagones intermitentes en algunas colonias de Mérida y Cancún.

El episodio confirmó que el problema no es de generación, pues el país tiene capacidad instalada suficiente, sino de transmisión y distribución, los eslabones más débiles de la cadena. Años de inversiones insuficientes, sobre todo en redundancia de líneas y sistemas de respaldo, han dejado a regiones enteras expuestas a fallas que, como la del viernes, paralizan actividades económicas, afectan el turismo y generan descontento social.

La información oficial de que se trató de un “evento fortuito” no borra el hecho de que la responsabilidad recae en la CFE y el Cenace, que no han logrado modernizar su infraestructura con la velocidad que demanda el crecimiento del sureste. Ni los anuncios de nuevas plantas ni la promesa de más generación renovable servirán de mucho si la electricidad no puede llegar de manera estable a los hogares y a las industrias.

El apagón en el sureste debería encender focos rojos en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Más allá de discursos de autosuficiencia energética, lo que se necesita son inversiones (públicas y privadas) en la red de transmisión. De lo contrario, episodios como el de este fin de semana seguirán repitiéndose, con un costo político y económico cada vez más alto.

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