Artículo 19 denuncia criminalización de periodista Rafael León en Veracruz
La organización Artículo 19 condenó la vinculación a proceso del periodista Rafael León Segovia, acusándolo de encubrimiento por su cobertura informativa.
La organización Artículo 19 denunció que el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores consolidó la criminalización del periodista veracruzano Rafael León Segovia, al vincularlo a proceso por delitos de encubrimiento e imponerle prisión domiciliaria por un año, luego de que la Fiscalía de Veracruz desistiera de los cargos iniciales de terrorismo por falta de pruebas durante una audiencia plagada de inconsistencias.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz desestimó los cargos iniciales de terrorismo por falta de sustento, el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores decidió vincular a proceso a Rafael León Segovia por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública. Como medida cautelar, le impuso prisión domiciliaria por un año, lo que le impide salir a reportear.
Denuncia de criminalización del periodismo
En un comunicado, Artículo 19 señaló que la audiencia estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades por parte de la FGE. La organización defensora de la libertad de expresión afirmó que la Fiscalía intentó “atribuir responsabilidad penal” al periodista basándose en su cobertura informativa, argumentando que al “llegar antes” a los hechos presuntamente tenía conocimiento previo de los actos delictivos. Las acusaciones se sustentaron en un “testigo protegido” cuyas declaraciones fueron contradictorias y recabadas con irregularidades.
Advertencia sobre un precedente peligroso
La ONG subrayó que el caso establece un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo en México, al criminalizar la recepción y difusión de información proveniente de fuentes. Consideró la prisión domiciliaria como una medida desproporcionada que no solo afecta la vida y derechos del periodista, sino también el derecho a la información de la sociedad. Exhortó al Mecanismo Federal de Protección a intervenir con medidas de protección para el comunicador y su familia.
Postura del Gobierno Estatal
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que la detención tenga que ver con la libertad de expresión. En declaraciones previas, aseguró que en el estado hay “libertad de prensa hasta con excesos” y que la Fiscalía actúa basada en evidencias dentro del marco legal.
El caso mantiene en vilo a la comunidad periodística y organizaciones civiles, que ven en el proceso una amenaza a la labor informativa y una posible herramienta de acoso judicial contra comunicadores.
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