Colectivos exigen justicia por agresión a menor en base militar de Quintana Roo
Una niña de nueve años denunció abuso sexual dentro de la base militar de Cozumel, lo que provocó exigencias de justicia por colectivos feministas.
El caso de una menor de nueve años que sufrió abuso sexual por un militar activo en Cozumel, Quintana Roo, ha desatado presión social y reclamos de colectivos feministas y defensores de derechos humanos para garantizar investigación transparente y sanción al agresor.
Denuncia y escape de la víctima
El 30 de agosto de 2025, la niña fue abordada en la vía pública por Jairo ‘N’, militar en activo, quien la trasladó en motocicleta hacia la base de la Sedena con la anuencia del personal de guardia. Según el testimonio de la menor, fue llevada a una vivienda dentro del complejo, presentada ante otras menores y víctima de agresiones y amenazas. Posteriormente, el abuso continuó en una zona apartada, hasta que logró escapar y buscar ayuda entre vecinos.
Reacción institucional y revictimización
Los padres de la menor, vendedores ambulantes, denunciaron intentos de responsabilizarlos y criminalizarlos. El alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, señaló que la familia tenía culpa por permitir que la niña estuviera sola, comentarios que colectivos califican como revictimizantes y contrarios a la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La familia también reportó haber sido obligada a firmar declaraciones falsas para encubrir al agresor y enfrentó hostigamiento por parte de la Fiscalía General del Estado y personal militar.
Exigencias de colectivos y defensores de derechos humanos
Organizaciones feministas y de derechos humanos exigieron la sanción máxima contra Jairo ‘N’, protección integral a la víctima y su familia, investigación de posibles víctimas adicionales, cese del hostigamiento y destitución de funcionarios responsables de encubrimiento. Asimismo, solicitaron la renuncia inmediata del alcalde por incumplimiento de su deber de proteger a la infancia y declaraciones revictimizantes.
Contexto y marco legal
Los colectivos señalaron que los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la niña, vulnerando el principio del interés superior de la niñez consagrado en la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. También subrayaron que la violencia sexual contra niñas representa una forma de terrorismo patriarcal y requiere acción inmediata sin tolerancia al encubrimiento institucional.
Seguimiento y presión social
El caso permanece bajo vigilancia de colectivos y organismos de derechos humanos, exigiendo que el proceso judicial se desarrolle sin privilegios para el acusado, con transparencia total y atención prioritaria a la seguridad y bienestar de la víctima.
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