Legisladora PRI alerta sobre crisis de derechos humanos de mujeres en México
La senadora priista Carolina Viggiano señaló que en México asesinan a 10 mujeres diariamente, pero solo un caso recibe sentencia, exigiendo políticas reales contra la violencia y la desigualdad.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, denunció que ser mujer en México implica enfrentar riesgos inaceptables en un país moderno, al revelar que, según cifras oficiales, cada día son asesinadas 10 mujeres, pero solo un caso obtiene sentencia, una muestra de la profunda crisis nacional de derechos humanos que exige políticas públicas concretas e inmediatas del gobierno federal.
Cifras que describen una emergencia: violencia, desigualdad salarial y embarazo adolescente
En un comunicado, Viggiano detalló que el 70% de las mexicanas ha vivido algún tipo de violencia y más del 40% recibe un salario menor que los hombres en el mismo puesto. Además, alertó que México registra más de 300 mil embarazos adolescentes anuales, una de las tasas más altas de América Latina. Ante esto, exigió al gobierno de Morena acciones en educación sexual, planificación familiar, prevención del abuso sexual y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Crítica a recortes presupuestales y falta de voluntad política
La legisladora advirtió que ningún cambio se concretará sin voluntad presupuestal ni dirección política, lamentando que los gobiernos de Morena recortaron recursos para refugios de mujeres, retrasaron reglas de operación y redujeron el presupuesto para programas estatales contra la violencia extrema. También destacó el déficit de personal especializado en salud sexual y reproductiva dentro del sistema público de salud.
Llamado a convertir la paridad en realidad, no en simulación
Viggiano subrayó que la paridad no debe transformarse en simulación, especialmente en un contexto donde el centralismo limita el acceso de gobiernos locales a recursos. Enfatizó que la salud sexual y reproductiva no es un tema ideológico, sino un asunto de justicia y salud pública, y que el Estado tiene la obligación de garantizar información, atención médica y respeto pleno a la dignidad de todas las mujeres.
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