Madres buscadoras denuncian desalojo violento frente a Fiscalía de Chiapas
Madres del colectivo Madres en Resistencia Chiapas denunciaron haber sido golpeadas, amenazadas y apuntadas con armas durante un operativo policial frente a la Fiscalía estatal.
La tarde del 7 de octubre, un grupo de madres buscadoras que protestaba frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue desalojado violentamente por policías municipales, quienes presuntamente actuaron bajo órdenes de funcionarios estatales, según denuncias del colectivo Madres en Resistencia Chiapas.
Madres buscadoras denuncian represión en Tuxtla Gutiérrez
“Nos apuntaron con armas, nos golpearon, nos amenazaron de muerte”, relataron las integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas tras el operativo que las expulsó de su plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). El desalojo, ocurrido el 7 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, fue captado en video y difundido en redes sociales, generando amplia condena social.
De acuerdo con el comunicado del colectivo, al menos siete mujeres resultaron agredidas durante la manifestación, que se mantenía desde hacía tres días para exigir búsqueda y justicia por personas desaparecidas y víctimas de feminicidio. Las madres denunciaron que los agentes arrancaron lonas, destruyeron materiales y las amenazaron con armas de fuego.
Acusan órdenes directas del gobierno estatal
Las integrantes del colectivo responsabilizaron directamente al fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca, al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Oscar Aparicio Avendaño, y al director de la policía municipal, David Hernández Pérez, por las órdenes para reprimirlas.
“Ayer llegaron a decir que por órdenes de Eduardo Ramírez, Llaven Abarca y Aparicio Avendaño querían meternos a la cárcel y desaparecernos”, denunciaron en redes sociales. Además, exigieron la destitución de Hernández Pérez y una investigación a los agentes involucrados.
Fiscalía y SSP niegan participación en la agresión
Tras la difusión de los videos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo negó haber participado en el operativo. Su titular, Oscar Aparicio Avendaño, aseguró que “no hubo instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar” y reiteró el compromiso de la dependencia con los derechos humanos y el diálogo con colectivos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado afirmó que ha mantenido “puertas abiertas” al diálogo y que el fiscal general sostuvo reuniones recientes con las manifestantes. Sin embargo, las madres rechazaron esa versión: “Una fotografía no es prueba de diálogo, sino del uso político de las víctimas”, respondieron en un comunicado difundido por el colectivo y replicado por La Jornada.
Apoyo social y denuncia de omisiones institucionales
El respaldo social no tardó en llegar. Más de 40 colectivos y estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá se sumaron a las protestas, permitiendo que las madres retomaran el bloqueo frente a la Fiscalía. “Profundo agradecimiento a quienes abrazan nuestro dolor”, expresaron en sus redes.
El colectivo denunció que las omisiones institucionales persisten, pues la Fiscalía contra Desaparecidos no ha concretado acciones de búsqueda prometidas. También acusaron la filtración de información sensible por parte de una funcionaria de la Fiscalía contra Feminicidios, lo que vulneró los derechos de una de las madres.
“Nosotras no buscamos mesas de atención, buscamos justicia y verdad”, insistieron. “La Fiscalía no puede hablar de puertas abiertas mientras mantiene cerrada la justicia. Seguiremos firmes, resistiendo y denunciando”.
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