Trump no presenta pruebas de que barcos llevaban drogas

Funcionarios federales afirman que la administración Trump aún no ha entregado al Congreso pruebas claras de que los barcos atacados transportaban drogas.

 Aunque el Ejecutivo estadounidense ha promovido ataques contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas, no ha presentado al Congreso evidencia comprobable que sustente esas afirmaciones, afirmaron dos funcionarios federales que hablaron bajo condición de anonimato.

Desde principios de septiembre, el Ejército de Estados Unidos ha emprendido al menos cuatro ataques contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico, tres de los cuales se habrían originado en Venezuela. En esos incidentes han fallecido al menos 21 personas, según informes difundidos.

Videos públicos no bastan como prueba

Hasta ahora, la administración ha publicado videos desclasificados de los ataques, compartidos por el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pero dichos materiales no confirman la presencia de drogas a bordo. Asimismo, no se ha detallado la inteligencia ni los procedimientos empleados para validar las acusaciones.

Un funcionario señaló que en algunos casos las embarcaciones fueron destruidas directamente, mientras en otros se siguieron protocolos de captura y decomiso habitual, sin explicación clara del criterio aplicado.

Declaración de conflicto armado y debate legal

En un memorando retroactivo, el gobierno declaró a los cárteles del narcotráfico como “combatientes ilegales” y sostuvo que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra ellos. Este planteamiento ha generado gran cuestionamiento legal, en especial sobre la competencia del Congreso para autorizar el uso de fuerza militar.

El Senado sometió a votación una resolución de poderes de guerra que requeriría autorización del Congreso para futuros ataques contra los cárteles. Sin embargo, esa medida fue bloqueada con una votación de 48 a 51 votos. 

Reacción del Congreso y preocupaciones bipartidistas

Senadores de ambos partidos han expresado frustración por la falta de transparencia del Ejecutivo. Se les negó el acceso a una opinión legal del Pentágono sobre si los ataques cumplían con la ley estadounidense. AP News Durante audiencias, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, se negó a revelar asesorías legales dadas al Presidente sobre estas acciones.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos han advertido que estos ataques podrían desatar una escalada regional, instando al Congreso a intervenir para evitar acciones unilaterales sin control legal.

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