Cámara de Diputados aprueba ley para impulsar inversión privada en infraestructura pública

La Cámara de Diputados aprobó una nueva ley que permitirá inversión privada en infraestructura pública, en medio de críticas por posibles riesgos de discrecionalidad y deuda futura.

Con 359 votos a favor y 80 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que permitirá la participación de capital privado en proyectos públicos. La minuta fue enviada al Senado para su análisis.

Diputados avalan inversión mixta en infraestructura

El dictamen aprobado contempla reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para facilitar esquemas de inversión mixta, combinando recursos públicos y privados en proyectos estratégicos.

De acuerdo con el documento, esta legislación responde a la caída del 28.4% en la inversión pública en 2025, considerada la más severa en tres décadas. El objetivo es incrementar la inversión mediante nuevos mecanismos financieros.

El plan gubernamental proyecta movilizar 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030, lo que implica recursos adicionales por 722 mil millones de pesos, equivalentes al 4.4% del PIB.

Cambios clave y nuevas figuras jurídicas

La ley permite la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE), estructuras como fideicomisos o sociedades diseñadas para canalizar inversión sin que su constitución implique deuda pública directa.

También establece dos modalidades de participación: contratos de largo plazo e inversión mixta, además de la creación del Consejo de Planeación Estratégica, encargado de coordinar los proyectos de infraestructura.

Asimismo, reconoce a cooperativas, ejidos y organizaciones de trabajadores como parte del sector social, habilitándolos para participar en estos esquemas.

Eliminan artículo transitorio y generan debate

Durante la discusión, se aprobó una reserva con 315 votos a favor y 89 en contra para eliminar el artículo transitorio noveno, que obligaba a los proyectos a sujetarse explícitamente a normas constitucionales y presupuestarias.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Altamirano, afirmó que la ley dará certeza jurídica y ampliará las opciones de financiamiento, manteniendo la rectoría del Estado.

Oposición advierte riesgos financieros y discrecionalidad

Diputados de oposición cuestionaron la reforma al señalar posibles riesgos de discrecionalidad en la asignación de contratos y afectaciones a las finanzas públicas.

El legislador Héctor Saúl Téllez (PAN) advirtió que el esquema podría generar “deuda disfrazada” y comprometer recursos públicos a largo plazo. Por su parte, Emilio Suárez (PRI) alertó sobre riesgos de sobrecostos y presión presupuestaria futura.

Proceso legislativo continúa en el Senado

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta fue turnada al Senado, donde continuará su discusión antes de una eventual entrada en vigor.

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