Departamento de Justicia de EU rastrea lavado de cárteles con criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE.UU. intensifica su estrategia contra los cárteles mexicanos, rastreando el lavado de dinero a través de criptomonedas y enfocándose en sus redes financieras.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está enfocando su estrategia contra los cárteles mexicanos en sus redes financieras y de lavado de dinero, rastreando cómo las ganancias del narcotráfico son canalizadas cada vez más mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia los líderes criminales en México, según declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva en entrevista con The Associated Press.
El objetivo: cortar el flujo de dinero
La estrategia federal busca ir más allá del narcotráfico callejero para "apuntar a un elemento crítico": los intermediarios financieros que mueven las ganancias. "Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer", afirmó Duva.
La División Criminal ha sido reestructurada para integrar a fiscales de narcóticos con expertos en lavado de dinero, reflejando un cambio táctico hacia el sistema financiero que sostiene las operaciones criminales.
El método: criptomonedas y transferencias masivas
Las autoridades detallan que, ante la presión sobre métodos tradicionales, los cárteles han adoptado criptomonedas como herramienta clave. Duva explicó la "nueva tendencia": tomar el efectivo, comprar criptoactivos y comerciar con ellos para sacar el dinero de EE.UU. Esta sofisticación ocurre paralelamente al contrabando de efectivo a granel que persiste.
Este enfoque se ha intensificado con la transferencia de más de 90 acusados de alto nivel desde México a EE.UU. en lo que va del segundo mandato del presidente Trump. Funcionarios del DOJ esperan que estos traslados, más allá de ser un mensaje disuasorio, permitan lograr acusaciones contra líderes de mayor nivel mediante cooperación.
Casos concretos y debate legal
Entre los acusados recientemente transferidos y procesados en cortes federales como la de Kentucky se encuentran presuntos intermediarios financieros como Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y César Linares Orozco, enfrentando cargos de conspiración para lavar dinero.
Estas transferencias masivas han generado un debate legal en México, donde abogados y familiares acusan al gobierno de violar la ley al enviar a los acusados sin órdenes de extradición formales. El gobierno mexicano ha defendido su legalidad, argumentando que se realizan por motivos de seguridad nacional.
La ofensiva marca un capítulo más en la compleja cooperación bilateral contra el crimen organizado, donde el rastreo financiero digital se convierte en el nuevo frente de batalla.
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