El frente de Sheinbaum contra la ultraderecha

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su participación en Barcelona para algo más que asistir a un foro internacional. Su presencia en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia confirmó la intención de articular un bloque político de izquierda progresista con alcance transatlántico, en sintonía con líderes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro. No es muy público, pero en Palacio Nacional hay cierta preocupación sobre el avance de la ultraderecha y su capacidad de incidir en América Latina.

Durante el encuentro, el partido español VOX reaccionó con dureza a la presencia de los mandatarios latinoamericanos, a quienes calificó en redes sociales como “narcos”. El señalamiento no pasó desapercibido en el equipo de Sheinbaum, que desde hace meses sigue de cerca la narrativa y los movimientos de esta fuerza política en la región. La lectura en el gobierno mexicano es que no se trata solo de una oposición ideológica, sino de una corriente con capacidad de articulación política, financiamiento y operación digital.

En España, VOX se ha convertido en un actor que pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. El más reciente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (de abril), coloca al PSOE al frente con 36.4% de la intención de voto, seguido por el Partido Popular con alrededor de 23.5%, mientras que VOX se mantiene como tercera fuerza con 14.7%. Ese nivel le permite convertirse en un aliado clave para la derecha en un eventual cambio de gobierno. El escenario es observado con atención desde México, donde se identifican paralelismos con lo que podría ocurrir en otros países si la derecha radical continúa ganando terreno.

En México, la preocupación se ha traducido en un seguimiento puntual de posibles vínculos entre VOX y actores políticos locales. En la llamada Cuarta Transformación se tiene identificado que el partido español ha buscado interlocución con sectores conservadores del PAN y con grupos afines a organizaciones religiosas. Sin embargo, la dimensión real de esa presencia todavía es limitada y, en algunos casos, sobredimensionada por el discurso oficial.

Uno de los puntos clave tiene que ver con la influencia en redes sociales. En el entorno de la presidenta se ha instalado la hipótesis de que organizaciones vinculadas a la ultraderecha han impulsado narrativas dirigidas a la Generación Z con el objetivo de detonar movilizaciones contra el gobierno. Bajo esa lógica se interpretaron algunas marchas recientes en las que participaron jóvenes. No hay evidencia pública concluyente que confirme esa operación, pero el tema se mantiene en la agenda política.

Lo que sí es verificable es el interés de VOX por posicionarse en América Latina. El apoyo abierto a María Corina Machado es uno de los ejemplos más visibles. También lo es el reconocimiento que una organización vinculada a ese partido otorgó recientemente a la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien busca renovar su gobierno en 2027 y competir por la jefatura de Gobierno en 2030.

Este tipo de gestos han sido leídos en el gobierno federal como intentos de construir liderazgos afines en la región. Aun así, el diagnóstico interno reconoce que VOX no cuenta todavía con perfiles de peso en México capaces de competir por posiciones de alto nivel. El caso del actor Eduardo Verástegui, que fue explorado como posible referente, terminó por descartarse ante la falta de estructura política y viabilidad electoral.

Para Sheinbaum, la consolidación de una corriente de derecha radical con presencia internacional obliga a diseñar una respuesta que también trascienda fronteras. De ahí la relevancia de su participación en Barcelona y el énfasis en construir alianzas con gobiernos afines.

El horizonte es 2030 y la premisa es evitar que un movimiento externo con capacidad de articulación regional logre capitalizar los errores de Morena. 

Posdata 

La visita de Jamieson Greer a México fue más que un primer acercamiento rumbo a la revisión del T-MEC. De acuerdo con lo que se informó tras su reunión con Marcelo Ebrard, ya se acordó establecer mesas de trabajo permanentes entre los equipos técnicos de ambos países. Así que no fue una ronda aislada, sino el inicio de un proceso continuo que buscará llegar con acuerdos avanzados antes de la revisión formal prevista para julio de 2026.

En el encuentro se confirmó que uno de los ejes será el fortalecimiento de las cadenas productivas en América del Norte. Estados Unidos insiste en elevar el contenido regional en sectores estratégicos, mientras México plantea que cualquier ajuste debe mantener la competitividad de las exportaciones y no frenar la dinámica del nearshoring. México se ha mantenido como el principal socio comercial de Estados Unidos. La relación ya opera en niveles históricos de casi 900 mil millones de dólares anuales y con una integración productiva que ningún otro país tiene con la principal potencia económica del mundo.

También se puso sobre la mesa la necesidad de revisar mecanismos de cumplimiento. Del lado estadounidense hay interés en reforzar la supervisión en materia laboral y ambiental, así como hacer más ágiles los paneles de solución de controversias. México ha defendido que esos instrumentos ya han funcionado, pero acepta que pueden mejorarse para dar mayor certidumbre a las inversiones.

Otro punto que comenzó a perfilarse es la preocupación de EU sobre el origen de ciertos productos que entran a su mercado a través de México. Sin mencionarlo de forma abierta en todos los posicionamientos públicos, el tema de las importaciones asiáticas, en particular de China, está en el trasfondo de la discusión. De ahí la insistencia en reglas de origen más estrictas y en controles más claros sobre las cadenas de suministro.

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