El huachicol en tiempos electorales y los juicios sumarios de opinión

El viernes pasado se informó de lo que fue calificado como el mayor golpe asestado al huachicol con la incautación en San José Iturbide, Guanajuato, de 59 millones de litros de combustible robado o entrado al país de contrabando, volumen superior a los 15.4 millones de litros asegurados en Arizpe y Saltillo, Coahuila y a los diez millones de litros del buque tanque detenido en Tampico.

Ayer, sin embargo, corría la versión de que la FGR aún no podía acreditar la ilegalidad del combustible ni la responsabilidad de los supuestos delincuentes. A su vez, Grupo SIMSA -del que es parte Gas Natural del Noroeste, empresa operadora de la planta de almacenamiento- distribuyó un comunicado en el que asegura que su filial opera de manera “completamente lícita y verificable”. Sin embargo, en términos de opinión pública ya fue declarado culpable.

El huachicol es, sin duda, un problema real y grave. No es solo el robo de combustibles tras el pinchazo al ducto. También es su entrada por la aduana subdeclarado, disfrazado de otro producto o apuntalado con papelería de apariencia legal. Las estimaciones de daño que genera a Pemex y al erario divergen, pero el delito existe, persiste, crece y ha llegado a expedientes con nombres concretos.

Pero a las notas informativas sobre más de quinientas empresas que “pudieran estar relacionadas” con conductas presuntamente ilícitas, siguen los juicios sumarios de la opinión pública en los que también pagan justos por pecadores porque se coloca en la misma línea de ilegalidad tanto a los verdaderos infractores como a firmas que nada tienen que ver con las legítimas denuncias sobre el grave delito.

Eso alegan y hacen saber a este espacio empresas como Valero y Petrolíferos Lobo que aseguran haber sido puestas injustamente en la misma pieza que un exgobernador y una “línea de investigación” en procesos donde la legitimidad se puede probar simplemente por el estatus activo de todos los permisos y cumplimientos públicos.

Es decir: quienes operan al margen clonan pedimentos y se esconden detrás de papeles falsos y/o ajenos; y quienes operan en forma viven del permiso y la reputación. Mezclar ambos en el mismo recuadro no prueba el delito, sino que externaliza la duda y da paso al juicio sumario de la opinión pública.

Hoy llaman posverdad a la distorsión deliberada de la realidad para influir en la opinión pública apelando más a emociones y creencias que a hechos verificables. Hablamos de un entorno donde la verdad importa menos que lo que parece verdad y resulta útil creer.

No es cosa menor el debate sobre la posverdad en estos tiempos electorales. En ese debate hay muchos ejemplos del método en que una noticia se vuelve veredicto general sin importar que afecte a una persona, a todo un sector o a una cadena de valor como la de los hidrocarburos y combustibles. 

Favorecen a Azteca desde el gobierno de la CDMX

Coyoacán será una especie de laboratorio electoral nacional de cara a los comicios presidenciales de 2030.

Será, a no dudarlo, la alcaldía capitalina más competida y en la que la balanza habrá de inclinarse a favor del partido que no tome una mala decisión al seleccionar a su candidato. El que se equivoque -sea el PAN o sea Morena, los dos partidos dominantes en esa demarcación- no solo influirá negativamente en las elecciones de las otras quince alcaldías de la CDMX, sino que perderá la elección intermedia de 2027.

Como lo comentamos aquí en una entrega anterior (“Coyoacán y el caballo de Troya del PAN” https://tinyurl.com/mrczb2xu) este juego no solamente es político, es también económico.

El blanquiazul busca a toda costa retener Coyoacán para continuar con la apertura inmobiliaria que ha tenido durante los últimos dos años, a semejanza de la alcaldía Benito Juárez también gobernada por ese partido.

La apuesta es que, desde la sede del primer ayuntamiento de América Latina y mediante el millonario negocio de un cártel inmobiliario recargado, salga el financiamiento para la campaña a la jefatura de Gobierno de la CDMX que será, a su vez, factor determinante en la elección presidencial en 2030.

Por eso sugeríamos en aquella columna la hipótesis de una estrategia digna de una odisea helénica, en la que Ricardo Salinas Pliego se perfilaría como el delfín del blanquiazul para la jefatura de gobierno de la CDMX.

Eso explicaría las campañas de desprestigio de la 4T puestas en marcha desde adentro con ex colaboradores de TV Azteca como la senadora Lily Téllez o el diputado Sergio Mayer (llegados a la representación legislativa vía Morena), en posible alianza con Ana María Lomelí, una de las ahijadas favoritas de Salinas Pliego al quien llama padrino y jefe, y es coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Clara Brugada y pretendiente de la candidatura guinda para la alcaldía Coyoacán.

Lomelí, por cierto, otorgó a la televisora del Ajusco en 2025, ya en pleno pleito de su mandamás con la presidenta Sheinbaum y AMLO, varios contratos de publicidad. El más importante, uno por más de 40 millones de pesos, el SAF/DRMAS/AD/012/2025, firmado por la funcionaria y entregado por adjudicación directa.

Si esto no parece un Caballo de Troya, entonces el pleito de Salinas Pliego contra Sheinbaum, AMLO, la 4T y Morena sería una deliberada simulación que nada gustará a las bases del partido guinda tan ofuscados como andan con la designación de Beatriz Mojica Morga como la “corcholata” para Guerrero y a quien de panista no la bajan.

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