El testigo que abrió la cloaca del huachicol

El informante del gobierno de Estados Unidos que comenzó a dar nombres de políticos, empresarios y demás personajes involucrados en el gigantesco fraude del huachicol fiscal, o la importación ilegal de combustibles desde aquel país hacia México, se llama Luis Ariel Rivera Rodríguez. Es un empresario de Tamaulipas, con doble nacionalidad, que vivió e hizo sus negocios entre Reynosa y McAllen, Texas, y que fue pieza clave en la red empresarial, criminal y política, que se creó para importar miles de millones de metros cúbicos de gasolinas y diésel provenientes de refinerías texanas que procesaban y regresaban el petroleo crudo y robado a Pemex que les mandaba el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rivera Rodríguez, de 53 años, decidió hacer valer su ciudadanía estadounidense y en cuanto su nombre surgió en las investigaciones que lleva a cabo la Corte Federal para el Distrito Norte de Illinois, en Chicago, decidió acogerse al progama de “testigos protegidos” de la justicia norteamericana y comenzó a dar información clave para entender cómo funcionó el multimillonario negocio ilegal del huachicol, auspiciado por altos funcionarios y cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en alianza con empresarios y cárteles de la droga mexicanos que formaban parte de la red de defraudación fiscal que, según el gobierno mexicano, llegó a obtener hasta 600 mil millones de pesos.

Convertido en el testigo estrella del Departamento de Justicia y de los fiscales que llevan el tema del huachicol mexicano, Luis Rivera es quien menciona directamente al senador Adán Augusto López como una de las cabezas de la industria ilegal de la importación de combustibles desde Estados Unidos. Es él quien da detalles, nombres y lugares desde donde se operaba esta gigantesca red de colusión entre autoridades, empresarios y crimen organizado. En el proceso que se sigue en el United States District Court for the Northern Illinois, el tribunal se coordina con agencias como el Departamento del Tesoro, el IRS y el FBI para procesar los casos del huachicol fiscal y el lavado de dinero de los cárteles mexicanos que robaban petróleo en México que era ingresado a Estados Unidos para ser refinado y después era contrabandeado de vuelta al territorio mexicano.

Rivera era conocido en Tamaulipas por sus vínculos con la clase política. A través de ellos financió la campaña de Adán Augusto López por la candidatura presidencial en 2024 y también aportó a varias campañas locales de Morena en la entidad tamaulipeca. Es socio del senador morenista José Ramón Gómez Leal, conocido como JR, y de quien se sabe que también ha comenzado a colaborar con la justicia estadounidense.

En sus actividades empresariales, Rivera utilizaba un avión privado, con el número de matrícula NT81LT, tipo Pilatus Aircraft LTD PC-24, registrado a nombre de la empresa Luxenburg Trading LLC, con sede en McAllen, Tx. Esa aeronave tiene registrados varios viajes entre McAllen y Puerto Vallarta. Los viajes, dicen fuentes estadounidenses, eran porque él estaba directamente relacionado con César Morfin, alias “El Primito”, líder del cártel de los Metros, que originalmente trabajaba para el Cártel del Golfo, pero después se alió con Nemesio Oseguera Cervantes para apoyar la entrada del CJNG a controlar el tema del huachicol en las fronteras tamaulipecas.

Al “Primito” lo mencionó directamente la OFAC estadounidense como operador del huachicol para el CJNG. En 2021 la revista Proceso ya habia publicado un amplio reportaje sobre el papel que jugó Luis Rivera en la red de huachicol fiscal y sus presuntos vínculos con altos personajes del morenismo. En la interna de Morena para elegir candidato presidencial en el 2024, por ejemplo, Adán Augusto nombró Coordinadores Regionales, que eran sus operadores de su campaña en los estados. En Sinaloa Adán había designado a Melesio Cuén como su coordinador estatal. Y un sobrino del Mayo Zambada, en esa época, se jactaba de que su tío, el Mayo financiaba la campaña de Adán Augusto. Esa es otra de las lineas de investigación que le abrió el gobierno de Estados Unidos.

Lo más curioso de toda esta historia, es que el mismo testigo protegido que hoy está hundiendo a Adán Augusto y a otros morenistas que administraban el huachicol fiscal, con sus declaraciones en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, ya había sido identificado y hasta denunciado por la propia 4T. En octubre del 2021 la revista Proceso publicó una nota en la que informaba que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda había denunciado a Luis Ariel Rivera ante la Fiscalía General de la República, acusándolo de contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos los cargos relacionados con el huachicol fiscal en las aduanas, porque se decía que el empresario internaba pipas cargadas de gasolinas y diésel, pero las reportaba como “aceites” y utilizaba un mismo permiso para internar diferentes vehículos con combustible de contrabando por el que no pagaba los impuestos respectivos al sistema de aduanas.

Y no sólo sabían en el gobierno de López Obrador del papel de huachicolero que tenía el ahora testigo protegido, sino que además lo vinculaban directamente al entonces dirigente de Morena en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, alias el JR, y a pesar de esos vínculos el ahora senador por Morena pasó de ser delegado de los programas federales del Bienestar en la entidad tamaulipeca a dirigir el partido guinda, lo que claramente documentaba que el huachicoleo de gasolinas de contrabando de Estados Unidos estaba controlado por personajes que militaban y tenían puestos directivos en Morena y en el gobierno de la 4T.

Hoy que hay versiones insistentes de que el gobierno de Estados Unidos ya mandó un informe oficial sobre las acusaciones que pesan en contra del senador Adán Augusto López, el llamado “hermano” del expresidente López Obrador, por su participación en temas del huachicol fiscal y por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, queda claro que la información con la que el Departamento de Justicia está armando sus expedientes en contra de políticos mexicanos proviene directamente de testigos que fueron parte de esa red de corrupción y complicidad para el contrabando de combustibles.

Y es muy posible que en varios de los casos de nombres que saldrán a relucir en las denuncias presentadas ante la Corte Federal del Norte de Illinois, muchos de ellos directamente vinculados al expresidente tabasqueño, las acusaciones por el huachicol fiscal terminen mezclándose también con los casos de narcopolítica, porque al final va quedando claro que, además de la producción y tráfico de drogas a Estados Unidos, los cárteles mexicanos, empoderados por el gobierno de López Obrador, también fueron parte de la red huachicolera que inundó el mercado mexicano con combustibles de contrabando, y que la participación del narco en el robo y trasiego de combustibles entre México y Estados Unidos, también era algo consentido y avalado por el gobierno mexicano.

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