IMCO analiza riesgos de la nueva Ley de Inversión en Infraestructura
El IMCO analiza la Ley de Inversión en Infraestructura 2026-2030, destacando riesgos financieros y de discrecionalidad en proyectos estratégicos con esquemas mixtos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evaluó los dos esquemas de inversión mixta de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, alertando sobre riesgos financieros, discrecionalidad y falta de certidumbre presupuestal en proyectos estratégicos de infraestructura.
Esquemas de participación mixta en la Ley de Infraestructura
La iniciativa presentada el 16 de marzo busca acelerar el Plan de Inversión en Infraestructura 2026–2030, con la meta de sumar 722 mil millones de pesos en nuevos proyectos mediante esquemas de coinversión público-privada. Los mecanismos principales son la Contratación de Largo Plazo y la Inversión Mixta, acompañados de vehículos financieros para atraer capital privado.
En la Contratación de Largo Plazo, el sector privado financia, construye y opera los proyectos, recuperando su inversión mediante pagos periódicos sujetos a estándares de desempeño durante 4 a 40 años, concentrando el riesgo en la fase de desarrollo. En la Inversión Mixta, el sector público participa como socio activo, compartiendo riesgos, costos y beneficios, pero la incertidumbre central recae en los flujos de ingreso, clave para la atracción de inversionistas.
Principales riesgos identificados por el IMCO
El IMCO señala tres riesgos críticos: la ausencia de expertos independientes en el Consejo de Planeación Estratégica, la falta de certidumbre presupuestal más allá de 2030, y la necesidad de rendimientos acordes al mercado para atraer inversión privada.
Además, la iniciativa deja margen para la discrecionalidad en la selección de proyectos estratégicos, permite autorizaciones fuera de procesos de licitación tradicionales y no establece cómo deducir costos operativos antes de distribuir beneficios.
Hacia una inversión más eficiente y transparente
El IMCO enfatiza que México necesita detonar inversión en infraestructura, y sugiere un modelo más descentralizado donde las empresas puedan desarrollar proyectos de manera independiente. Esto podría incrementar la escala, velocidad y diversidad de los proyectos sin comprometer la ambición del plan nacional.
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