La audiencia cerró filas… y dejó la polémica abierta

El juez Óscar explicó que la medida aplicada no fue exclusiva ni dirigida de manera individual, sino una disposición legal.

El telón cayó, pero el debate apenas comienza. Este mediodía, en una de las salas del Centro de Justicia Penal de Frontera, la audiencia de control de garantías que puso bajo la lupa al juez Óscar “N” concluyó sin sorpresas jurídicas, aunque no sin inconformidades.

Frente al señalamiento de presunta discriminación y exclusión de derechos laborales, el juez sostuvo su postura: la decisión que detonó la denuncia no fue personal ni arbitraria, sino el cumplimiento estricto de una disposición legal vigente.

El momento que encendió el conflicto

El origen del caso se remonta a un episodio concreto: Hiradier Huerta Rodríguez intentó ingresar a una audiencia judicial y fue retirado de la sala por instrucción directa del juez Óscar. Ese acto, interpretado por Huerta como una exclusión indebida, se convirtió en el punto de quiebre que lo llevó a presentar la denuncia penal.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el juez Óscar explicó que la medida aplicada no fue exclusiva ni dirigida de manera individual, sino una restricción general que alcanza tanto a Huerta Rodríguez como a otros jueces retirados, decisión que —según afirmó— ha sido adoptada de forma homogénea por los jueces en todo el estado.

Sin proceso, sin imputación

Uno de los puntos clave expuestos por el juez fue que, hasta el momento, no existe una acción penal formal en su contra. De acuerdo con lo manifestado, Huerta Rodríguez busca que el Ministerio Público ejerza acción penal, solicitud que no ha sido procedente ni atendida por la autoridad investigadora.

El juez también aclaró que, bajo ese contexto, su comparecencia no era obligatoria, ya que la audiencia no corresponde a un proceso judicial instaurado, sino a una revisión relacionada con la actuación del Ministerio Público.

Un expediente que sigue en pausa

La audiencia cerró sin resoluciones de fondo, dejando el caso en un terreno gris: sin imputación, sin proceso abierto, pero con un señalamiento que continúa generando ruido dentro y fuera del Poder Judicial.

Mientras Huerta Rodríguez insiste en que se investigue lo ocurrido, la defensa institucional se sostiene en la legalidad del acto. La pregunta sigue flotando en los pasillos del tribunal: ¿fue una aplicación fría de la ley… o una línea que se cruzó desde el poder?

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