La UIF, los convenios internacionales y el caso Rocha Moya

La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable. Frente a una solicitud de detención con fines de extradición promovida en días recientes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos criminales y actos de corrupción que alcanza al gobernador con licencia de Sinaloa y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno, y los convenios de cooperación e intercambio de información financiera que México mantiene con agencias estadounidenses, la inacción habría resultado más cuestionable que la medida precautoria.

La UIF actuó dentro de sus atribuciones legales, como lo permite el marco normativo cuando existen indicios suficientes para prevenir movimientos de recursos potencialmente vinculados con actividades ilícitas.

El punto central, sin embargo, no es sólo Rocha Moya. Lo que comienza a delinearse es el regreso de una UIF con iniciativa operativa, con peso dentro del aparato de seguridad y con capacidad para intervenir en expedientes de políticos. Durante casi cuatro años en los que estuvo al frente Pablo Gómez, la institución perdió protagonismo y dejó de desempeñar el papel que le corresponde en el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de organizaciones criminales. La UIF pasó de ser un actor central en investigaciones de alto impacto a una oficina con presencia marginal, sin la fuerza institucional que exige el momento que vive el país en materia de seguridad y control financiero.

Eso no significa que cualquier etapa anterior haya sido mejor. Con Santiago Nieto, la UIF sí tuvo visibilidad, pero buena parte de esa exposición respondió a una lógica política. El organismo se convirtió en una herramienta de presión, muy mediática, y en plataforma personal para un funcionario que construyó notoriedad pública desde ese cargo y que hoy busca convertirse en candidato de Morena al gobierno de Querétaro.

La diferencia con el momento actual parece ser de método y de objetivos. Omar Reyes Colmenares no tiene ese perfil. Es un operador más técnico, más discreto y mucho más alineado a la estructura del gabinete de seguridad. Su cercanía con Omar García Harfuch lo confirma. La UIF volvió a insertarse en una estrategia integral donde la inteligencia financiera es una pieza clave para seguir la ruta del dinero de estructuras criminales.

El expediente de Rocha Moya encaja con precisión en ese nuevo esquema. Los convenios de colaboración firmados con agencias estadounidenses, incluidos mecanismos de intercambio de inteligencia financiera, obligan a una reacción institucional cuando del otro lado de la frontera se activan investigaciones o solicitudes formales sobre personajes de alto perfil.

A eso se suma el precedente reciente del FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro encargada de combatir delitos financieros, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Ese episodio golpeó reputacionalmente al sistema financiero mexicano y elevó la presión sobre Hacienda, la CNBV y la propia UIF para demostrar capacidad de reacción. Después de ese mensaje de Washington, mantener inmóvil a la unidad encargada de rastrear recursos de origen sospechoso habría sido políticamente insostenible y técnicamente injustificable.

El caso Rocha tiene además una dimensión política interna de gran calado. Durante años, gobernadores, exgobernadores, alcaldes y operadores partidistas investigados encontraron en el argumento de la persecución política una defensa eficaz, particularmente cuando las acciones del gobierno federal parecían dirigirse de manera selectiva contra opositores. Ese discurso pierde fuerza si la UIF comienza a actuar también contra actores políticos de distintos partidos, incluidos mandatarios estatales que no pertenecen a Morena.

Y eso es precisamente lo que, según fuentes del gabinete de seguridad, está ocurriendo. La UIF tiene bajo análisis expedientes relacionados con otros gobernadores y con al menos un presidente municipal del norte del país. Algunos pertenecen a fuerzas opositoras. La lógica, aseguran, es equilibrar la balanza y desmontar de antemano la narrativa de selectividad política.

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