Nuevo León establece bases para programas de movilidad en escuelas

A pocos días de concluir el ciclo escolar, las Secretarías de Educación y de Movilidad de Nuevo León publicaron un acuerdo que establece las directrices para que las escuelas de educación básica diseñen y pongan en marcha un Programa de Movilidad y Transporte Escolar, el cual comenzó a aplicarse esta semana.
Según lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el programa contempla medidas como horarios escalonados de entrada y salida según el nivel educativo, la creación de zonas específicas para ascenso y descenso de estudiantes, así como campañas de sensibilización sobre movilidad dirigidas a la comunidad escolar.
Entre las acciones sugeridas, cada plantel podrá adoptar distintas estrategias de acuerdo con sus necesidades y capacidad operativa. Estas incluyen establecer horarios diferenciados para reducir la concentración de vehículos, diseñar circuitos de circulación rápida dentro o fuera de la escuela para evitar que los padres desciendan de sus automóviles, habilitar espacios exclusivos para transporte colectivo, fomentar el uso compartido de vehículos entre familias y desarrollar iniciativas de educación vial y movilidad sostenible.
La normativa también señala que cada escuela deberá designar a un enlace de movilidad que sirva de vínculo entre las autoridades educativas y el personal del plantel, además de promover la participación de madres, padres de familia, vecinos y organizaciones civiles.
Asimismo, los centros educativos deberán impulsar alternativas de traslado como el transporte escolar, el uso compartido de automóviles (carpool), el transporte público, rutas peatonales seguras y ciclovías con la señalización correspondiente.
En cuanto a las empresas que ofrecen transporte escolar, estas deberán contar con la validación del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León y cumplir con la regulación vigente aplicable al sector.
Para los esquemas de auto compartido, los vehículos participantes deberán portar una identificación emitida por la institución educativa.
El acuerdo también contempla medidas para proteger los datos personales, estableciendo que toda la información recopilada durante la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del programa deberá manejarse conforme a las leyes de protección de datos y a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Como parte del diagnóstico de movilidad, las escuelas deberán elaborar censos de traslado y aplicar encuestas digitales a las familias para conocer cuántos estudiantes llegan en automóvil particular, transporte escolar, vehículos compartidos, transporte público, bicicleta, otros medios no motorizados o caminando.
Además, se deberá realizar un mapeo de riesgos en los alrededores de los planteles. El enlace de movilidad será responsable de coordinar acciones para identificar problemáticas como estacionamientos en doble fila, cruces peatonales inseguros, falta de señalización vial o banquetas en mal estado.
Finalmente, cada institución tendrá que establecer indicadores que permitan evaluar la efectividad de las medidas implementadas, considerando aspectos como la disminución de la congestión vehicular, la mejora en los tiempos de acceso y salida, la seguridad en las zonas de ascenso y descenso, la participación de la comunidad educativa y el uso de opciones de movilidad alternativas.
Hasta el momento, el acuerdo no especifica sanciones para las escuelas que no elaboren o presenten este programa de movilidad escolar.
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