Protestas en Mineápolis marcan audiencia migratoria en Washington
Las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso la campaña de deportaciones, tras protestas por muertes en Mineápolis, mientras crece el debate político.
Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos acudieron este martes al Congreso estadunidense, en un contexto de tensión social tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis. Los hechos detonaron protestas contra la campaña de expulsiones impulsada por la administración de Donald Trump y colocaron el tema migratorio en el centro del debate legislativo.
Durante la audiencia, Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sostuvo que la dependencia cumple un mandato presidencial. “El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato”, afirmó. Lyons detalló que, con recursos aprobados por el Congreso, ICE incrementó la capacidad de detención y los vuelos de expulsión, con más de 475 mil expulsiones realizadas en el último año.
Posturas oficiales
Junto a Lyons, testificaron Rodney Scott, director del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Las comparecencias buscaron explicar el alcance operativo de las redadas y las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ante cuestionamientos por el uso de la fuerza y el impacto humanitario.
En medio de la indignación pública, el presidente Trump reconoció que podría ser necesario un “enfoque más suave” en migración. Posteriormente, el gobierno anunció medidas como la retirada de unos 700 agentes desplegados en la región de Mineápolis, aunque sin modificar el objetivo central de las expulsiones.
Debate político
La controversia persiste. Legisladores demócratas exigen cambios en la forma en que el DHS ejecuta redadas y operativos, mientras la administración sostiene su promesa de deportar a migrantes en situación irregular. El cruce de posiciones anticipa nuevas discusiones legislativas sobre supervisión, protocolos y financiamiento de la política migratoria.
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