Quitan camionetas a ministros, pero el daño está hecho

El escándalo mediático y de redes que provocó la incongruencia de la nueva Suprema Corte, al adquirir camionetas de lujo blindadas de casi 3 millones de pesos para cada uno de los nuevos ministros, mientras predicaban la “austeridad” y se decían diferentes a sus antecesores, provocó que ayer desde el máximo tribunal se anunciara que los vehículos Grand Cherokee del año y con blindaje de alto nivel ya no serán utilizados por los ministros que ya los habían recibido desde el pasado jueves.

"Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable", informó la Corte en un comunicado.

Y aunque el gasto de 25 millones de pesos que significó la adquisición de esos vehículos pudiera ser reembolsado si las devuelven o si deciden utilizarlas para la protección de jueces que lleven asuntos de narcotráfico u otros riesgos, la realidad es que el daño a la imagen de la nueva Corte y de los ministros ya está hecho, porque quedaron exhibidos no sólo como incongruentes, sino como mentirosos al haber llegado al cargo con un discurso de “austeridad” y “sencillez”, utilizando incluso símbolos y rituales indigenistas, para al final pagarse lujos y comodidades con el erario federal.

Porque el cuento del supuesto “ahorro” que lograron entre el anterior contrato de arrendamiento de vehículos que tenía la vieja Corte y la compra autorizada por el actual Comité de Gobierno y Administración, que conforman justamente el presidente Hugo Aguilar Ortiz, la controvertida ministra Lenia Batres y el ministro Giovani Figueroa, lejos de representar una explicación seria y de apaciguar las duras críticas a su doble discurso, terminó siendo un búmeran que se les revirtió porque argumentaban ahorros cuando adquirieron camionetas de lujo y blindadas, además de renovar y comprar otros 571 vehículos para el Poder Judicial federal.

El lujo de las camionetas y otras revelaciones ocurridas el fin de semana, como el viaje de la ministra Loretta Ortiz a Costa Rica en primera clase, el retrato al oleo no realizado de la ministra Batres o el costo de millón y medio de pesos para el ritual indígena con el que asumieron su cargo los 9 ministros el 1 de septiembre pasado, terminó por hacer crisis en la Corte y obligó a que se tomaran decisiones como la de cancelar el uso de los vehículos blindados y la aclaración de que el retrato de Batres no se realizó por que la artista contratada tenía otros compromisos.

Al final, en apenas cuatro días entre el jueves pasado y este lunes, a los ministros surgidos de la cuestionada elección judicial, que llegaron al cargo criticando los excesos de la Corte anterior y jurando que ellos representarían a “un poder judicial, austero, honesto y cercano al pueblo”, se les cayó la máscara y terminaron desnudados y exhibidos en su verdadera dimensión y esencia: ni son austeros, ni gastan menos que los anteriores y su cercanía al pueblo estaba medida en el blindaje de nivel 5 que pidieron para no ser molestados en sus lujosas camionetas.

El tamaño del escándalo terminó por impactar a toda la 4T y hasta dejó mal parada a la presidenta Claudia Sheinbaum, que si bien le pidió a la Corte que diera explicaciones e informara, también trató de justificarlos con un informe que le dio su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el que torpemente pretendieron apagar el fuego argumentando un “ahorro” en la compra de los vehículos de lujo.

Eso explica la decisión de dar marcha atrás a lo que claramente fue un exceso y una incongruencia que confirma la percepción, cada vez más general en el país y fuera de él, de que Morena, su 4T y todo lo que tocan, como el Poder Judicial a modo que se construyeron con una elección plagada de ilegalidad y de “acordeones”, termina evidenciando la falsedad y demagogia de su doble discurso.

Ahora lo que falta saber es qué empresas o empresarios fueron los beneficiados con las adquisiciones y contratos de las lujosas camionetas y la renovación de la flota vehicular de la Corte. Porque en esos contratos de compras y arrendamientos de autos también se esconden favoritismos, influyentismo, corrupción y enriquecimiento de altos funcionarios del gobierno federal y del “nuevo” Poder Judicial que, con apenas 100 días en el cargo, ya demostraron cuánta razón tenía Lord Acton, en su frase pronunciada hace casi dos siglos: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto, corrompe absolutamente”.

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