Rey Carlos III afirma que ley debe seguir tras arresto de Andrés
El rey Carlos III respaldó el proceso judicial contra su hermano Andrés, arrestado por presunta mala conducta, mientras el primer ministro Starmer subraya que nadie está por encima de la ley.
Londres.— El rey Carlos III expresó su preocupación por la detención de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en relación con presunta mala conducta en cargo público, destacando que la ley debe seguir su curso, mientras que el primer ministro Keir Starmer afirmó que todos son iguales ante la ley, en el contexto del caso Jeffrey Epstein.
La detención del expríncipe Andrés, de 66 años, mantiene en el foco público a la familia real británica. En un comunicado, Carlos III declaró que lo que sigue es un "proceso completo, justo y adecuado", conducido por autoridades competentes, y reiteró que su familia dará apoyo y cooperación incondicionales.
Respaldo del monarca
El rey señaló que no sería correcto hacer más comentarios mientras avanza la investigación, y aseguró que su familia continuará con el deber y servicio hacia la ciudadanía. La nota fue firmada por el propio monarca como "Carlos R.".
Declaraciones del primer ministro
El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que "nadie está por encima de la ley", refiriéndose al caso Epstein, aunque evitó opinar si Andrés debería presentarse voluntariamente ante la policía. Starmer enfatizó que la ley debe aplicarse de la misma manera que en cualquier otro caso.
Contexto del caso Epstein
El multimillonario Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019, traficó con menores de edad y mantuvo contactos con figuras públicas y ricas. Archivos recientes revelan que el expríncipe Andrés podría haber compartido documentos sensibles con Epstein, aunque él ha negado las acusaciones de abuso sexual de Virginia Giuffre, quien declaró haber sido trasladada al Reino Unido siendo menor.
Investigación en curso
Varias fuerzas policiales británicas examinan el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del país para determinar posibles implicaciones en el tráfico de menores. El caso mantiene alta atención mediática y política, poniendo a prueba la transparencia y legalidad de la familia real británica.
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