SCJN asigna a Giovanni Figueroa revisión del caso Mario Aburto
La SCJN asignó al ministro Giovanni Figueroa el análisis del caso Mario Aburto y la revisión definitiva de su condena por el magnicidio de 1994.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Giovanni Figueroa Mejía el expediente relacionado con Mario Aburto Martínez, responsable confeso del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, para que elabore el proyecto que definirá si la condena de 45 años de prisión fue correcta.
SCJN atraerá revisión del amparo
A petición de la Fiscalía General de la República, el pleno del Alto Tribunal decidió en enero atraer la revisión del amparo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Estado de México.
Dicho tribunal anuló la sentencia de 45 años impuesta en 1994 y ordenó emitir una nueva resolución conforme al Código Penal de Baja California vigente al momento de los hechos, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión. De aplicarse ese criterio, la condena contra Aburto Martínez podría considerarse compurgada.
Proyecto de sentencia ante el pleno
El ministro Figueroa Mejía será el encargado de analizar el expediente y presentar al pleno un proyecto de sentencia que resolverá en definitiva la controversia jurídica. La decisión también permitirá fijar parámetros sobre cómo debe analizarse un procedimiento penal en casos de magnicidio, sentencia, amparo, condena, revisión.
La determinación de atraer el caso fue aprobada por mayoría de seis ministros, con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González, así como el impedimento de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.
Antecedentes del fallo
En octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel dictada contra Mario Aburto Martínez. Tras esa resolución, la FGR impugnó el fallo ante la Suprema Corte.
Posteriormente, la extinta Primera Sala revocó el amparo concedido a Aburto y ordenó reponer el procedimiento, debido a que durante el juicio no fueron consideradas las víctimas indirectas, es decir, los familiares del excandidato presidencial asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994.
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