Sí hackearon al gobierno

El hackeo de los sistemas digitales del gobierno mexicano sucedió como fue anticipado en esta columna el jueves pasado. Por lo menos 25 dependencias federales sufrieron vulnerabilidades y alrededor de 2 terabytes de información sensible de los ciudadanos fue exhibida en plataformas públicas.

Entre las dependencias afectadas se encuentran la Sociedad Hipotecaria Federal, que dirige Jorge Mendoza; el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch; el Sistema de Administración Tributaria a cargo de Antonio Martínez Dagnino; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de Ricardo Ochoa Rodríguez; la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, y la Comisión Nacional del Agua, al mando de Efraín Morales. A todas se les cumplió la amenaza de ver publicados el 30 de enero sus datos privados.

Aunque la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino, mantuvo la narrativa de que no se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades, sino de “usuarios y contraseñas válidos que se inhabilitaron inmediatamente”, expertos en ciberseguridad consultados para esta columna coincidieron en que el uso no autorizado de credenciales dentro de un sitio gubernamental es un incidente que queda fuera de los “supuestos” y representa una responsabilidad legal.

“La ATDT cuenta con una área especializada en ciberseguridad que, desde octubre de 2024, asesora y acompaña a las distintas autoridades en sus procesos de protección y seguridad, mediante la cual ha capacitado a 613 servidores públicos, emitido 204 alertas y notificaciones tempranas a dependencias evitando fugas de información y publicado el primer Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 y la Política General de Ciberseguridad”, expuso el equipo de Merino en medio de la crisis.

Pero, contrario a lo manifestado públicamente, el robo de información sí puso al descubierto el sistema federal de salud para población no asegurada del IMSS-Bienestar, con 1.8 terabytes de datos de 3 millones de personas, validados ante el registro civil nacional, o los registros fiscales y cédulas profesionales de 95 mil agentes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Lo relevante, más allá del cruce de versiones respecto a que las autoridades sí activaron sus protocolos, es que el gobierno sí aceptó la presencia de una “amenaza” y, a pesar de que insiste en que no hubo una intrusión directa en los sistemas, sí acepta que hubo fallas principalmente en la operación de los servicios que les ofrecen los privados. En pocas palabras, señaló como responsables a las empresas privadas que tienen contratos con gobierno.

El discurso es el mismo que ha acompañado a la 4T desde su llegada al poder: la pugna entre lo público y lo privado, en la que el Estado es supuestamente un mejor administrador que los empresarios y, en este caso, un mejor guardián de los sistemas digitales, capaz de enfrentar por sí mismo a los grupos de hackers de talla internacional. En el México del Segundo Piso de la 4T aspiran en hacer su propia versión de Google con una inversión de 300 millones de dólares, pero que, en los hechos, se aleja cada vez más del verdadero mundo digital.

A este episodio se suma un dato que dentro del propio gobierno reconocen en voz baja: la concentración de servicios, dominios y autenticaciones bajo la arquitectura de “gob.mx”, diseñada para centralizar y simplificar, terminó por convertirse en un punto crítico de vulnerabilidad.

Posdata 

En las áreas de seguimiento financiero y aeronáutico llamó la atención la matrícula N578RL, correspondiente a una aeronave privada modelo Hawker 800XP registrada en Estados Unidos a nombre de Valiair Limited Co Trustee.

Las investigaciones arrojan que, aunque el registro formal apunta a una figura fiduciaria, el avión es utilizado por un empresario y operador de grandes contratos públicos, con presencia en prácticamente todo el país y, sobre todo, en el Estado de México y Chiapas.

La aeronave despertó el interés de autoridades mexicanas y estadounidenses debido a su uso frecuente por personajes políticos de alto perfil, así como por la regularidad de sus desplazamientos a lo largo del país.

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